Publicado en diario La Tercera el 13 de julio

Un manejo responsable de la política fiscal es clave para la estabilidad macroeconómica y social de los países. Permite reducir la volatilidad macroeconómica y de esta forma estimular la inversión y el crecimiento. También permite asegurar la sostenibilidad en el tiempo de programas sociales y aumentar la credibilidad del Fisco como emisor de deuda, reduciendo las tasas de interés a las cuales se endeuda y mejorando su acceso al financiamiento precisamente cuando el gobierno necesita implementar una política fiscal contracíclica.

Desde el retorno de la democracia, la política fiscal se transformó en un pilar fundamental de nuestro crecimiento. En 1990 la deuda pública “neta” del gobierno general alcanzaba cerca de 70% del PIB, si se incluían las obligaciones del Fisco con los trabajadores que habían pasado al sistema de capitalización individual. Manejos fiscales responsables y un elevado crecimiento permitieron que esa deuda disminuyera significativamente a lo largo de esa década.

Luego, la implementación de una regla de balance estructural en 2001 dotó a la política fiscal de un marco de operación y comunicación claro y transparente. Y un manejo responsable del boom del precio del cobre nos permitió consolidar una posición fiscal única y así tener espacio fiscal para responder a la crisis subprime de 2009 con un agresivo plan.

Dos elementos explican en parte importante este notable desempeño fiscal. Por un lado, la convicción política de que la responsabilidad fiscal es clave para cumplir con los compromisos sociales con la ciudadanía y no retirar los beneficios en períodos de crisis. Y por otro, la existencia de instituciones presupuestarias bien diseñadas, incluyendo la iniciativa exclusiva en materia de gasto por parte del Ejecutivo, que reduce el sesgo a un gasto que supere los ingresos del Fisco.

Pero lo cierto es que nuestro desempeño fiscal después de 2010 ha sido menos sobresaliente. Lo que parece haber cambiado es la convicción política de la importancia de un manejo fiscal estricto. Parte de la explicación tiene que ver con un sistema tributario con poca progresividad, que ha mantenido la carga tributaria prácticamente inalterada en un contexto de una demanda transversal por más y mejores bienes públicos.

A pesar de este deterioro fiscal, la deuda pública, en comparación internacional, permanecía en rangos relativamente acotados. Por lo mismo, muchos argumentamos que el gobierno debía actuar con decisión para reducir el impacto en las familias y en nuestra estructura productiva del Covid-19. Este es el momento para mostrar que la responsabilidad fiscal es clave para enfrentar escenarios adversos y de esa forma recuperar el consenso político sobre su importancia.

Tras complejas negociaciones, se logró un acuerdo en materia del marco fiscal para enfrentar la pandemia que asegurara la transitoriedad de las medidas implementadas.

Desafortunadamente, a menos de un mes de haber alcanzado dicho acuerdo, se debate sobre el retiro del 10% de los fondos de pensiones para apoyar a los sectores de clase media afectados por la pandemia y que no han recibido apoyo por parte del gobierno.

Es entendible la frustración de muchos actores políticos con la lentitud y cobertura con que el gobierno ha implementado los apoyos. Pero las consecuencias negativas en el bienestar social del deterioro institucional que esta iniciativa genera son significativas.

De aprobarse, modificaría negativamente nuestra institucionalidad presupuestaria, la iniciativa de gasto es una facultad exclusiva del Ejecutivo. Y el retiro de fondos previsionales tendrá un costo fiscal: el aporte que el Fisco deberá hacer a un eventual fondo de reintegro y el pago de pensiones y aportes solidarios a cotizantes vulnerables que retiren su ahorro, entre otros. Esto sin considerar los efectos sobre el sistema de capitalización individual que ha jugado un papel importante en la generación de ahorro y, de esta forma, en una menor dependencia al ahorro externo. El sistema de pensiones requiere urgentemente incrementar su componente solidario, pero una reforma constitucional como la propuesta, disminuye la posibilidad de que seamos capaces de hacerlo en el futuro.

Si hoy tenemos espacio fiscal para endeudarnos con un costo financiero bajo para enfrentar el Covid-19, es precisamente porque hemos sido fiscalmente responsables. Es claro que se debe apoyar a las familias de clase media que se han visto afectadas en sus ingresos producto de las medidas sanitarias que se han implementado. Pero socavar nuestra institucionalidad, hará más difícil avanzar en mayores grados de protección social y avanzar en una senda de crecimiento inclusivo. Es cierto que la responsabilidad fiscal no es una condición suficiente para lograr estos objetivos. Pero si necesaria. Es urgente enmendar el rumbo.

Luis Felipe Céspedes
Académico Depto. Economía