*Publicada en DF el 6 de agosto

Juan plantó hace unos cuantos años un ciruelo en su patio. A su vecino, Diego, le gustó tanto cómo se veía en primavera, que pensó que era una buena idea hacer lo mismo en su propio jardín. Antes de hacerlo, observó con sorpresa que un día de invierno Juan arrancó el ciruelo y lo reemplazó por otro árbol, que no daba tanta flor. A pesar de ello, Diego decidió concretar su idea y en unas semanas plantó un ciruelo en su jardín. Al poco tiempo, se dio cuenta de las consecuencias indeseadas de esta especie: tras caerse las flores, comenzaban a salir las ciruelas, que atraían indeseables pájaros y otras especies; los frutos que caían en la acera eran aplastados por los transeúntes y dejaban el suelo con mucha suciedad. Al cabo de un par de años, Diego siguió el ejemplo de su vecino y arrancó el árbol.

Cualquiera que escuche esta anécdota, pensaría que lo razonable habría sido que, antes de plantar, Diego hubiese consultado con su vecino su experiencia con el ciruelo. Este razonamiento parece ser de lógica básica. Sin embargo, no siempre está presente. Es más, ante la propuesta del impuesto a los “súper ricos”, ha faltado este análisis y reflexión.

Comencemos por el principio. En un país democrático como Chile, no deberían existir temas de políticas públicas que sean vedados, en particular en el ámbito tributario, ya que toca aspectos tan sensibles como el presupuesto de cada persona. El impuesto a los “súper ricos” debería ser, entonces, una propuesta que sea debatida y decidida finalmente en el Congreso.

El principal tema de este asunto, que se cuestiona ampliamente, no es el debate de la idea en sí, sino que la forma en cómo se está llevando adelante la discusión y el rol que la parte técnica debe tener en la discusión política.

Se han hecho muchas críticas al proyecto por la deficiente técnica legislativa que se plasma en su redacción. El proyecto tal cual hoy está presentado es de una escritura ambigua, que no precisa de qué manera se valorarán los activos que integran el patrimonio. Tampoco se ha discutido por qué no se consideran los pasivos y no enfrenta las consecuencias de un posible ocultamiento de bienes, entre otros problemas.

Un estudio del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), del año 2018, muestra que siete países de la OCDE que han implementado impuestos patrimoniales lo han retirado. Entre ellos, se cuentan Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia y Suecia. El mismo reporte indica que 6 de 35 países de la OCDE y solo 4 de 24 países de Latinoamérica lo mantienen.

Si consideramos este dato, lo mínimo que se puede exigir para tener una discusión seria es que se haya recabado información respecto de cuál fue la razón que tuvieron estos países para sustituirlo. A menos que a priori concluyamos -con cierta arrogancia por cierto- que países como Alemania o Austria eliminaron buenas políticas públicas, o que, simplemente, no tenemos nada que aprender de los otros.

Preguntar experiencias comparadas resulta clave, en especial cuando se han creado expectativas altas en torno a la recaudación potencial del impuesto. Y, en este caso, la experiencia comparada en cuanto a recaudación muestra que es más bien decepcionante, siendo Suiza el único país que ha logrado recaudar cerca del 1% del PIB.

Esperemos que en este momento no se focalicen los esfuerzos en plantar un árbol, para darnos cuenta con el pasar del tiempo que no nos trajo los beneficios que esperábamos, y nos preguntemos si no hubiera sido más lógico consultar al vecino cuál fue su experiencia con el ciruelo de su patio.

Gonzalo Polanco
Académico DCS