José De Gregorio, Sebastián Edwards, Claudia Martínez A., Andrea Repetto, Claudia Sanhueza y Rodrigo Valdés.

El creciente aumento de los contagios indica que la crisis sanitaria está lejos de ser controlada; nadie sabe cómo evolucionará en los próximos meses, ni cuándo será posible reiniciar las actividades económicas con relativa normalidad. Además, lo más probable es que una vacuna confiable y segura tarde un año o más. Todo esto indica que los programas actuales no son suficientes, y que habrá que desarrollar nuevas estrategias de gasto público que ayuden a reducir las dificultades económicas que afectan a la población.

En este marco de elevada incertidumbre creemos que es esencial acordar un programa de mediano plazo que dé mayor claridad a los hogares y a las empresas, y que genere un marco de colaboración entre el Congreso y el gobierno.  Proponemos comprometer una importante cantidad de recursos, equivalente a los ahorros del país para emergencias, en un esfuerzo poderoso, responsable y transitorio, que solo es sostenible con un acuerdo político y social.

Proponemos que se utilice el saldo del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) a fines de marzo –USD 12 mil millones o 5% del PIB– como marco de referencia, o ancla, para definir lo que se podría gastar durante los próximos 18 meses, por encima de lo ya anunciado este año y proyectado para el próximo. Si las condiciones financieras son favorables, este nivel de gasto podría ser financiado directamente con deuda, con un tope igual al saldo del FEES.

Si bien hoy es posible acceder a los mercados, la acumulación de déficit primarios aumenta la probabilidad de crecimiento explosivo de la deuda en escenarios razonables. Por esta razón, el gasto asociado a la pandemia debe ser transitorio y acompañado por un acuerdo de objetivos fiscales futuros.

El manejo de los fondos debe ser flexible para que, con rendición de cuentas al Congreso y la ciudadanía, podamos reaccionar con rapidez. El apoyo fiscal adicional en la crisis, equivalente a USD 670 millones mensual promedio por encima de lo ya comprometido, se debería destinar a salud (trazabilidad), apoyo a las empresas y a las familias.

En una primera etapa, de contención de crisis, el apoyo del gobierno a las familias debe lograr cuarentenas efectivas.  Para las familias con ingresos predominantemente informales, el el programa propuesto permitiría financiar bonos de $300 mil al mes para familias de cuatro integrantes que pertenezcan al 80% de los hogares más vulnerables. Este monto debería ser fijo por los meses en que las cuarentenas se mantengan. Para los trabajadores formales, que pueden acceder al seguro de desempleo, proponemos establecer temporalmente, y durante el período de contención, una tasa de remplazo fija igual al 60% de su salario.

En una segunda etapa, en la que se permite una apertura gradual de la economía, será posible efectuar actividades productivas manteniendo medidas de distanciamiento. En esta fase los bonos se deben retirar gradualmente. Durante este periodo el testeo y trazabilidad son esenciales.

Finalmente, en la etapa de la recuperación, los bonos se eliminan, y los recursos se utilizarían en programas de fomento al empleo: subsidios al empleo, capacitación, obras públicas y empleos de emergencia.

No hay manera de definir objetivamente un monto óptimo de recursos a gastar. Pero no tener una cifra clara y compartida tiene costos enormes. La crisis exige un marco fiscal audaz y responsable, un diseño de política económica acorde a las necesidades la crisis y nuestros desafíos futuros.

(Esta columna es un extracto de un documento preparado a petición del Colegio Médico para ser presentado a la mesa social disponible el documento completo AQUÍ)