*Publicada en Diario Financiero el 08 de mayo

Hasta ahora, el Gobierno ha dedicado relativamente pocos recursos a asistir a los hogares más pobres, entre los cuales se encuentran los trabajadores informales, los desempleados y los dueños de micro empresas y sus trabajadores. Una buena parte de las medidas que se han tomado no involucran gasto público adicional: el Programa de Protección del Empleo se financiará con los fondos del seguro de cesantía, aumentados por una contribución estatal; los créditos COVID representan deudas contingentes del Estado, puesto que los acreedores son los propios bancos y la garantía es del FOGAPE. En una columna del 13 de abril de 2020 en La Tercera, nuestro colega Luis Felipe Céspedes estima que el gasto adicional del Estado en esta emergencia no es más de 2% del PIB. Si se consideran las reasignaciones de gasto público anunciadas al mismo tiempo que las medidas, el aumento del gasto público sería sólo del 0,5% del PIB. ¿Tenemos necesidad de ser más ambiciosos en la protección de nuestros ciudadanos menos favoredos? ¿Hay espacio fiscal para hacerlo?

La necesidad es obvia. Un gran número de nuestros compatriotas están teniendo que decidir entre el contagio y el hambre, por no tener acceso a ninguna ayuda pública. Lo que se propone aquí es un subsidio estatal de $400.000 mensuales por familia dirigido a los 4 millones de familias más pobres del país, abarcando así un universo de más de 10 millones de personas. La idea es que este subsidio se asegure por un periodo de por lo menos 4 meses, con una posible extensión a 6 meses, dependiendo de la duración de la crisis. Este subsidio vendría a reemplazar la pléyade de pequeñas transferencias sociales de todo tipo que se están considerando en la actualidad para apoyar a estos grupos de la población. Esto implica un costo fiscal de aproximadamente US$2.000 hasta US$ 3.000 por familia, lo cual significaría un costo fiscal total de unos US$8.000 millones hasta un máximo US$12.000 millones. Esto representa entre un 3% y un 5% del PIB. Considerando que estos gastos son transitorios y que Chile tiene la deuda pública más baja de los países de la OCDE, estas cifras son fácilmente financiables recurriendo a los mercados internacionales, reasignaciones del presupuesto y al fondo soberano.

Este programa tendría un doble dividendo. Por una parte, apoyaría directamente a las familias que más se están viendo afectadas por esta calamitosa crisis y, por otro lado, ayudaría a prevenir un colapso de las micro y pequeñas empresas, puesto que sus clientes principales son los grupos beneficiados por las transferencias que proponemos. Esto es especialmente válido para las empresas más pequeñas, alrededor de 800 mil, con cerca de 2.000.000 de personas directamente dependientes de ellas.  Este programa lograría reducir la emergencia de varios millones de pobres, así evitando consecuencias sociales difíciles de prever, incluyendo gatillar un proceso social francamente caótico.

Manuel Agosin
Prof. Emérito U. de Chile
Ex Decano FEN

Ramon López
Académico Depto. Economía