• Publicado en Diario El Mercurio el 13 de noviembre

Si se produce el segundo retiro de fondos de pensiones, entonces será posible que los ahorros previsionales se hayan reducido en unos US$ 29.000 millones. Esto equivale aproximadamente a un 10% del PIB. Desde la perspectiva macroeconómica, esto representa un impulso transitorio a la demanda agregada que apoyará un poco la creación de empleo. Es un efecto positivo de una mala política previsional.

Este es el punto central. Una de las principales quejas del estallido social es el nivel de las pensiones. Más allá del sistema al que converja Chile, estamos reduciendo en ese monto los recursos disponibles para pensiones. Dadas las características del pilar solidario, el Estado deberá inyectar un monto muy parecido de recursos en los próximos años. Es decir, el retiro de los fondos previsionales es un incremento velado de deuda pública por los pasivos contingentes que se crean.

¿Por qué tantos apoyan una mala política? La respuesta se asocia a la incapacidad del Gobierno para atender las necesidades inmediatas de una porción importante de la población.

Este retiro es ineficiente en el siguiente sentido. Hasta el momento se han acogido a este beneficio 9.800.000 personas, equivalentes a la fuerza de trabajo antes de la pandemia y casi cuatro veces los actuales desocupados. ¿Por qué tanta gente retiró el primer 10% si no lo necesitaban urgentemente? Se puede especular que es por temor a una necesidad futura. Un buen plan requiere estabilizar las expectativas de disponibilidad de ingreso familiar de los desempleados actuales (medido por tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, hoy un 27,8%) y aquellos que temen por su empleo.

Supongamos que ese temor lo comparte el 20% de la población. Si a estas familias se les transfiere el monto promedio que se extrajo en el primer retiro ($1.357.000 c/u) y eso se extiende al segundo retiro, en lugar de sacar US$ 29.000 millones de los fondos de pensiones, el costo fiscal habría ascendido a US$ 9.800 millones, un tercio de lo anterior.

Este es el dilema del Gobierno: asumir la necesidad más amplia de la población y gastar más de lo que tenía contemplado o seguir como espectador del colapso del sistema de pensiones.

Un primer ingrediente del plan es que el Gobierno se comprometa ahora a extender el ingreso familiar de emergencia mientras dure la pandemia, es decir, hasta que aparezca en el mercado chileno la vacuna o tratamiento que permitirá volver a la normalidad productiva.

Tal promesa debe tener dos cosas como contraparte. Una es que el Gobierno envíe una reforma previsional realista. Por las características de la coyuntura, el realismo se refiere a que sea capaz de convocar a la oposición. Esta tiene mayoría en las cámaras pero está pulverizada, no dispone de liderazgos. La oferta del Gobierno debe ir más allá de lo que quisiera en dos dimensiones precisas: favorecer más solidaridad y beneficios otorgados con criterios más universales. Por ejemplo, durante los primeros ocho años, debe comprometer no menos del 4% inicial de incremento de cotizaciones a financiar el pilar de ahorro colectivo con seguros inter e intrageneracionales. La contribución del restante 2% a cuentas individuales ocurriría en los últimos cuatro años. En ese horizonte, una vez que se haya sobrepasado la pandemia y se haya recuperado cierta normalidad económica y política, futuros Gobiernos podrán decidir si continuar con este plan o modificarlo.

Contra estas medidas, los parlamentarios deben adquirir el compromiso de abstenerse de utilizar nuevamente los ahorros previsionales para Otros fines que los originales.

Es claro que el desafío político es mayor, pero el Gobierno debe tomar riesgos y conducir políticamente al país. Por débil que sea, con sus partidarios en desorden y la oposición atomizada y sin liderazgos, el Gobierno es el único actor potencialmente capaz de coordinar una salida a la situación actual. Esto exige frío realismo y no aferrarse a posiciones ideológicas nostálgicas de épocas en que fue fuerte.

Este es un gobierno débil a cargo de gestionar una crisis gigante. Cada parlamentario, de gobierno y oposición, debe asumir su responsabilidad en contribuir a una solución, que puede no ser la mejor para ninguno en particular, pero sin la cual todos estaremos peor.

Guillermo Larraín
Académico FEN