• Publicado en diario El Mercurio el 19 de junio

Entramos de lleno en la carrera presidencial. Esta semana varios candidatos presentaron sus programas. Una de las propuestas más comentadas fue la del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Después de leerla, no me queda claro si en ella prima el sentido de responsabilidad o la tendencia al populismo. En un párrafo sostiene que sus medidas “se han construido con la responsabilidad —financiera— que nos exigen los millones de chilenas y chilenos”, aunque después propone el retiro del 100% de los ahorros previsionales. Esa sola idea implica un aumento transitorio del ingreso disponible en los hogares de 200 mil millones de dólares durante su período presidencial, que impulsaría un boom de consumo a costa de un incremento de magnitud de la deuda contingente del Estado en pensiones futuras.

Pero me centraré en el tema fiscal. Convencido de que todo programa debe estar financiado, la propuesta de Jadue requerirá un aumento considerable de la recaudación tributaria.

Al leer las medidas para incrementar los ingresos fiscales, asentí a casi la totalidad de ellas. Nada extraño. Eran muy similares a las planteadas hace años por los gobiernos de la Concertación y a la reforma tributaria del segundo mandato de la presidenta Bachelet, del cual el partido de Jadue fue parte. También a las ideas que expusieron economistas de Unidad Constituyente en las comisiones de la Cámara y del Senado en los últimos meses.

Encontré propuestas que generan amplio consenso como la eliminación de la renta presunta, el fin de las exenciones al diésel (se entiende las devoluciones a los camioneros de hasta el 85% del impuesto específico), el término de los beneficios a los departamentos DFL2 y la incorporación de un impuesto a las ganancias de capital. Eso me hizo recordar el informe que un grupo de economistas, con un sesgo en su composición hacia la derecha y bajo la secretaría técnica del Ministerio de Hacienda del actual Gobierno, entregamos hace unos meses sobre estas materias.

En el programa del candidato del PC se plantea también la necesidad de atacar la evasión y la elusión. Considera perfeccionar la norma general antielusión. Aquí pensé en el primer período del gobierno de Piñera, cuando economistas de oposición, afines a la Concertación y al PC, los mismos que fuimos gobierno con Bachelet II, empezamos a trabajar propuestas de cambio al sistema tributario. En esa ocasión, vimos la importancia de impulsar una norma antielusión y la eliminación del FUT, entre otras ideas.

Lo mismo me pasó al leer que Jadue quiere desintegrar el sistema tributario. Tuvimos una intensa discusión sobre ese punto durante la tramitación de la reforma tributaria de 2014. El senador DC Andrés Zaldívar fue uno de los que más insistía en la desintegración. Algo parecido me sucedió cuando leí la propuesta de un impuesto al patrimonio. Economistas de centroizquierda hemos dicho que es un impuesto válido, pero de bajo impacto recaudatorio, dadas las actuales capacidades fiscalizadoras.

Hasta aquí, mi sorpresa era mayor. Concordaba o consideraba aceptables cada una de las propuestas tributarias del programa. Me era difícil creer que lo que tenía en la mano era el programa del alcalde de Recoleta. Me parecía leer a un economista de Unidad Constituyente y, a ratos, a alguien no tan alejado de algunas posturas de la derecha.

Cuando llegué a la propuesta de impuesto a la minería, impuesto crecientemente consensuado que se debe revisar al alza, tuve la impresión de que el documento había cambiado de pluma. Un impuesto ad valorem de un 10%, en tiempos de precios del cobre de largo plazo, como se plantea, deja un número importante de actuales yacimientos en rojo, al igual que una fracción significativa de las nuevas inversiones en carpeta. Esto me recordó más las posturas del PC en la Cámara Baja.

Me convencí de que el redactor era otro en el párrafo que señala que se aumentará la recaudación entre 8 y 10 puntos del PIB. Después de haber participado en el debate tributario desde que se conformó la primera comisión opositora durante el gobierno de Piñera I, y en la reforma de 2014, ambas instancias en que participó el partido de Jadue, no veo cómo las medidas propuestas en su programa pueden recaudar del orden de los 25 mil millones de dólares.

Cuando terminé la lectura no supe qué concluir. ¿Qué manda? ¿Las propuestas más maduradas o aquellas más voluntaristas? Si son estas últimas, sabemos que, por desgracia, siempre terminan chocando con la realidad.

Alejandro Micco
Académico Depto. Economía