* Publicado en Diario Financiero el 25 de septiembre

Estamos prontos a conocer el Presupuesto 2021, el último que elabore y ejecute este Gobierno y el cual se está gestando en un contexto especialmente desafiante: alto grado de polarización política, relevante deterioro en el ingreso de las familias, enormes demandas sociales y plebiscito constitucional.

Como lo ha señalado Hacienda, este presupuesto debería caracterizarse por ser el primero con “base cero”, lo que implica que los ministerios y servicios deberán entregar a la autoridad fiscal una planificación que considere los recursos mínimos para el correcto funcionamiento de cada repartición, mientras que cualquier incremento deberá ser justificado en base a metas e indicadores de eficiencia.

Con esta metodología se intentará dejar atrás la inercia de asignaciones presupuestarias ministeriales que usualmente crecían de manera casi tendencial, privilegiando aquellas carteras y programas que tengan una percepción de mayor posibilidad de ejecución e impacto material en empleo e inversión. Así, el Presupuesto 2021 debería tener un carácter flexible y mostrar la capacidad de reasignación, entregando con aquello mayor convicción de sostenibilidad fiscal y eficiencia del gasto público a mediano plazo.

Producto del contexto actual, la posición fiscal de Chile se verá deteriorada: terminaremos 2020 con un déficit efectivo en torno 9,5 puntos porcentuales del PIB y uno estructural de 3,5%, ambos explicados por una caída de 16% en los ingresos efectivos. Esto, sumado al aumento de más de 11% en el gasto público por las medidas para sortear la crisis, dejará al país con una deuda bruta cercana al 34% del PIB, lo que desde 2024 en adelante debiese estar en torno a 50% del PIB.

Dado el reciente ajuste en parámetros estructurales de los Comités de Expertos, particularmente del PIB tendencial, el déficit estructural proyectado para 2021 se acercaría al 4,5% del producto, lo que nos aleja por ahora de una convergencia fiscal, colocando mucha presión a la recuperación del crecimiento y a las políticas de focalización y eficiencia del gasto de las próximas administraciones.

En ese contexto, resulta indispensable que el acuerdo fiscal relativo al Covid-19 firmado a mediados de este año, y cuyos compromisos cruzan este Gobierno y el próximo, sea respetado en términos de perdurabilidad y transitoriedad. Igual de importante es que, en lo posible, sea eficientado para evitar que gastos transitorios se hagan permanentes simplemente porque resultan apreciados en las encuestas.

De cara al futuro, es crucial tener certezas sobre la transitoriedad del incremento del gasto público. El rol de un Congreso responsable y comprometido con la sostenibilidad fiscal es fundamental, pues cabe poca duda de que emergerán voces disonantes hablando de grandes espacios para hacer permanentes beneficios y ayudas de naturaleza temporal.

Dada la enorme necesidad de reactivar la economía y recuperar empleo, es esperable un crecimiento de dos dígitos en la inversión pública, junto con una expansión muy acotada del gasto corriente para 2021. Así, terminaríamos con una expansión proyectada del gasto público entre 4% y 5% real, algo que debería ubicarse en torno a las proyecciones de consenso del crecimiento del PIB del próximo año.

Si tenemos vientos de calma ciudadana y juicio político en los hitos cruciales de los próximos trimestres, es posible incluso aspirar a que el crecimiento económico de 2021 sea significativamente superior a lo contemplado en las encuestas, lo que sería el principal ingrediente de convergencia y sostenibilidad fiscal.

Jorge Selaive
Académico Depto. Administración