*Publicada en diario La Segunda el 3 de junio

La pandemia que aún no logramos controlar ha llevado a que la situación de la actividad económica sea crítica. El empelo ha bajado fuertemente y lo seguirá haciendo en los próximos meses. El ingreso proveniente de los salarios de los trabajadores es un componente fundamental en los ingresos de los hogares, más allá de los originados por pensiones y transferencias monetarias.

La última cifra oficial de pobreza que tenemos es la que entregó la Encuesta Casen en 2017, la que arrojó un 8,6% de pobreza por ingresos que, en realidad, es solo una parte de la pobreza como fenómeno multidimensional. Se tenía programada una nueva medición en el cuarto trimestre de 2019, la que se tuvo que posponer debido a la crisis social. Este año es muy difícil que se pueda hacer una versión Casen 2020, pero si esta llegara a realizarse, los resultados los conoceremos no antes de junio de 2021.

La recuperación económica y del empleo serán lentas, y la herida en el bienestar económico de los hogares será profunda. Aquel dicho que dice “no hay peor ciego que el que no quiere ver” parece más real que nunca. Respecto a la verdadera situación de la pobreza, es un hecho que estaremos estadísticamente ciegos por al menos dos o tres años.

La suma de la crisis social y la pandemia requieren que como sociedad nos hagamos cargo de que los más pobres no tengan un detrimento aún mayor. El desafío es enorme y debemos tener conciencia de ello si queremos evitar la agudización de los conflictos sociales.

En este contexto caracterizado por la urgencia se requieren políticas sociales efectivas, a riesgo de perder un poco de eficiencia. En esa línea, las transferencias monetarias directas por montos relevantes, que permitan a los más vulnerables tener un poco de tranquilidad durante las cuarentenas y así poder quedarse en casa, son el piso que se requiere para comenzar a salir de esta crisis.

El Gobierno debe convencerse de que hay que proteger de manera inmediata a las personas más vulnerables, lo que requiere una revisión profunda del diseño de las políticas de protección de empleo y subsidios monetarios. Los montos decrecientes de la ley de protección, que al tercer mes permitiría a los trabajadores obtener un 45% del promedio de su remuneración, hoy se ven como parámetros obsoletos. Los tres meses del Ingreso Familiar de Emergencia partieron un mes tarde (fin de mayo) y expirarán en medio de una situación económica crítica. Es de esperar que las autoridades no repitan los errores ya cometidos al pretender que con transferencias de ingresos menores las personas se queden en sus casas esperando que pase la cuarentena.

Jaime Ruiz-Tagle
Director Depto. Economía