• Columna publicada en Diario Financiero el 23 de abril.

Cansa ver a animadores y opinólogos pidiendo cuarentenas generalizadas por el COVID 19 y defendiendo falsas dicotomías entre salud y economía. Algunos, rayanos en el fariseísmo, acusan a quienes osan plantear una visión más ponderada de estar “dispuestos a pagar en vidas la reactivación de la economía”. El grave problema que enfrentamos no se soluciona con medidas efectistas. Además la economía y la salud están estrechamente unidas como ha sido defendido en un editorial reciente de este mismo medio, y como lo muestra la relación histórica entre la mejora en los indicadores de salud de los distintos países y el incremento en su producto y niveles de vida. Si los niveles de vida caen dramáticamente, también lo harán los indicadores de salud, reflejando enfermedades y muertes por muchas causas, incluyendo el COVID19.

Las soluciones de esquina distan mucho de ser óptimas. El encierro generalizado y prolongado destruiría la economía y al terminar éste, el virus volvería a aparecer. En el extremo opuesto, ignorar el virus a la “AMLO-Bolsonaro” tiene un costo directo en vidas altísimo y también un impacto nefasto sobre la economía. El colapso del sistema hospitalario generaría un caos al menos por el tiempo que demora el contagio desordenado de ¾ partes de la población. Tenemos que ser capaces de protegernos del colapso del sistema de salud siguiendo las indicaciones diseñadas con inteligencia, selectividad, y sentido de oportunidad por la autoridad sanitaria.

Las experiencias más exitosas enseñan la importancia de testear ampliamente, rastrear y aislar a los portadores del contagio. Para esto se necesitan recursos, información y una política flexible y dinámica de cuarentenas focalizadas. Debemos confiar en las autoridades sanitarias y en el juicio de los expertos que las asesoran y que proponen soluciones en el ámbito de lo conocido y en la medida de lo posible, manteniendo el pulso vital de la economía y avanzando hacia una nueva normalidad.

El costo de una paralización generalizada y prolongada lo pagaríamos todos, pero especialmente los que están fuera del paraguas protector del sistema de seguridad social, los independientes, los informales y, particularmente, los más pobres. Para algunos existe la fantasía de que el Estado puede entregar ingresos compensatorios para que todo el mundo pase un encierro prolongado sin sentirlo. A pesar de las valiosas políticas mitigadoras en aplicación, todo el mundo incurrirá en costos importantes por el paro. El paliativo ofrecido por el Estado va ayudar, por unos meses, a los que están bajo el paraguas protector, pero ¿que pasa después?, ¿qué pasa con el resto? La compensación que puede realizar el Estado es parcial y temporal dado que sus recursos serán más limitados mientras más amplio y duradero sea el paro.

Lo que ya ha comprometido el Estado en ayudas para 2 o 3 meses eleva el déficit fiscal a 8% del PIB para este año, suponiendo una caída del PIB moderada, -2%, o menos de la mitad de lo que proyecta para Chile el FMI (-4,5%), lo que es financiable. Pero si las medidas debieran ampliarse a 6 meses o más, y si la caída del PIB se ampliara incluso por encima de los pronosticado por el FMI, entonces nos encontraríamos con déficits enormes y una muy severa restricción de recursos. Ésta a la larga pondría en riesgo no solo la continuidad de las medidas para enfrentar el COVID19, sino que todos los programas sociales en su actual condición.

Debemos aprender a andar en bicicleta y mascar chicle simultáneamente. La salud y la economía no son independientes entre sí; si prescindimos de una, tampoco tendremos a la otra.

Guillermo Le Fort
Profesor Titular FEN