*Publicada en diario La Tercera el 10 de junio

El gobierno podría requerir al Consejo Fiscal Autónomo para que, luego de escuchar a todos los sectores, actúe como “Comisión Marcel” y proponga alternativas de regla fiscal realistas respecto de las necesidades futuras de gasto, pero compatibles con los criterios de credibilidad, transparencia, simpleza y compromiso con la disciplina fiscal que caracterizan a Chile.

El gobierno anunció su propuesta para un Acuerdo Nacional. Puso sobre la mesa US$3.000 millones de reasignaciones en 2020 y US$7.000 millones de nuevo gasto en 2021. El déficit efectivo sería 8,8% del PIB este año y 5,4% el próximo. El déficit estructural se mantendría estable en 4,7% promedio ambos años. La deuda bruta se proyecta en 40% del PIB a finales de 2021.

El plan no cambia el escenario macro de 2020, solo mejora levemente los incentivos implícitos en las transferencias. Es una opción discutible pero de aparente razonabilidad macro, sin embargo insuficiente en su composición micro. La principal debilidad es que no reduce sustantivamente la incertidumbre que viven las familias. Esto es crucial por razones sanitarias -no queremos que la gente salga a buscar trabajo- y sociales -no queremos agravar condiciones que llevaron al estallido de 2019.

Además, mientras acaba la emergencia sanitaria, será necesario impulsar la demanda agregada. Aun cuando para 2021 se comprometen US$7.000 millones en total, no hay detalle de cuánto va a inversión y a consumo. Tampoco respecto de las garantías para empresas pequeñas y medianas. El plan propone acelerar inversiones públicas estratégicas, concesiones e incentivos a la inversión. Se plantean créditos tributarios a la contratación.

Como a la pandemia subyacen los efectos del estallido social, el estímulo de esas políticas expansivas será más débil que lo habitual. Para lograr el mismo efecto reactivador, el impulso fiscal y monetario debería ser más fuerte y duradero.

Este anuncio difícilmente logrará encauzar la discusión futura sobre gasto público. La propuesta pretende blindar la aparición de nuevas demandas de gasto, pero en año electoral y con incertidumbre, las demandas de gasto vendrán de la ciudadanía. Es difícil que un político haga como que no se dio cuenta. La presión será significativa. Esto nos obliga a hablar de la regla fiscal.

Transgredirla sin discutir alternativas nos arriesga a perder credibilidad. La regla fue útil, porque permitió coordinar al mundo político en torno a un enfoque que más o menos creían. Interesa lo que piense Wall Street, pero lo relevante es la credibilidad de los políticos. Si ellos la creen, aceptarán su disciplina y será una buena regla. El anuncio esboza una modificación a la regla, pues pretende neutralizar nuevas demandas. Pero eso es inconsistente con la trayectoria desconocida que pueden seguir la pandemia y el estallido social.

Es necesario repensar nuestra regla fiscal adecuándola a esta etapa del desarrollo de Chile. La idea central hay que mantenerla: “Gastos permanentes se financian con recursos permanentes”. Pero las transferencias para enfrentar la pandemia no son gastos permanentes. ¿Cuál regla de financiamiento sirve para ellos? Probablemente debemos incorporar criterios de endeudamiento que no existen hoy.

El gobierno podría requerir al Consejo Fiscal Autónomo para que, luego de escuchar a todos los sectores, actúe como “Comisión Marcel” y proponga alternativas de regla fiscal realistas respecto de las necesidades futuras de gasto, pero compatibles con los criterios de credibilidad, transparencia, simpleza y compromiso con la disciplina fiscal que caracterizan a Chile.

Guillermo Larraín
Académico FEN