Publicada en Estrategia el 8 de julio

El otro día viendo las noticias en televisión hubo dos que me llamaron la atención. La primera hablaba de la mega sequía que vive el país. Unos pocos minutos después, aparecía una nota sobre el proyecto de ley que reduce el impuesto específico al combustible, el que consistiría en una “importante ayuda” para las familias. Ambas noticias eran tratadas de manera independiente, como si no tuviera ninguna relación una con la otra. De hecho, el único revés que se mencionaba de reducir el impuesto era que el Fisco dejaría de recaudar una importante cantidad de dinero.

Sin embargo, ambas noticias sí están relacionadas. La emisión de gases de efecto invernadero son los principales causantes del cambio climático que vive el planeta, con la consecuente crisis climática que ya se siente en nuestro país. Y no solo es el cambio climático. La emisión de contaminantes genera importantes externalidades en la salud de la población. Cuando no se considera el costo de la emisión de contaminantes para las personas, el Estado proporciona de facto un subsidio a los combustibles fósiles.

Tanto el mundo como Chile, se están moviendo en la dirección de descarbonizar la economía. Para esto, uno de los mejores instrumentos es justamente ponerle precio a las externalidades que generan las emisiones; es decir, impuestos en vez de subsidios.

El cuidado del medioambiente y la lucha contra el cambio climático es uno de los temas que genera mayor consenso en todo el espectro político. De hecho, todos los candidatos presidenciales lo incluyen en sus propuestas. Sin embargo, estas chocan contra justificaciones sobre el crecimiento económico, las necesidades urgentes del pueblo, generación de empleo, o progreso para la región, entre muchas otras.

No se trata de que a los políticos no les importe o que los empresarios y personas quieran contaminar. Simplemente, el medioambiente es un bien público del cual todos queremos disfrutar, pero la premisa sigue siendo que lo mantenga y pague el costo el otro.

Existen dos ejemplos claros que grafican esta realidad. Cuando se eliminaron las bolsas plásticas, era común escuchar que las bolsas reutilizables debieran ser regaladas por los supermercados y al incluir los vehículos con convertidor catalítico a la restricción vehicular se escuchaba “compramos estos autos, porque nos dijeron que no tendríamos restricción”. Eso fue en 1998, y quienes compraron un auto nuevo en ese año probablemente no tenían el mismo en 2015, cuando comenzó a regir en eventos de elevada contaminación ambiental, con niños muriendo por enfermedades respiratorias en los hospitales.

Lo mismo sucede con el impuesto a los combustibles. La sociedad se ha aburrido de pagar la cuenta, pues pega directo en el bolsillo de las personas. Eso hace que el proyecto al reducir el impuesto sea muy popular. De hecho, este martes fue aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y hay mucho interés en darle una tramitación rápida.

Lo que necesitamos no es crear más subsidios a la contaminación, como lo hace este proyecto de ley. Por el contrario, debemos cerrar brechas para que muchos otros sectores que hoy no están pagando, lo hagan. Dicho en palabras simples, el que contamina debe pagar. Aunque eso le afecte a uno mismo.

Harold López
Académico DCS